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Denuncian a la policía hondureña por asesinar a un seguidor de Zelaya

TEGUCIGALPA — El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón, denunció el sábado que la policía mató a un seguidor del depuesto presidente Manuel Zelaya.

"El cuerpo de Santos Corrales García fue encontrado ayer (viernes) cerca de Talanga (50 km al este de la capital) y la cabeza aún no ha aparecido", dijo Pavón a la AFP.

El activista humanitario aseguró que la muerte de Corrales García se enmarca en una "ola represiva" contra los miembros del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado que el 28 de junio derrocó a Zelaya y sentó en su lugar a Roberto Micheletti.

Pavón relató que Corrales García fue detenido en la tarde del 5 de diciembre en la colonia Nueva Capital, sur de Tegucigalpa, por cinco personas vestidas con uniformes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), con fusiles Galil y pistolas 9 mm y transportándose en un vehículo Tacoma azul.

"El domingo a la una de la mañana llegó otro vehículo, o pudiera ser el mismo, hasta la casa de Vilma Martínez, Sandra Yamilet Ordóñez, Luis Carballo e Isidro Baca" en la misma colonia, y se los llevaron. "Durante el recorrido les pusieron bolsas negras en la cabeza para hacerlos perder la orientación, los tuvieron en casas clandestinas o supuestas celdas de policía, en el interrogatorio les preguntaban por Ada Marina Castillo", explicó.

Castillo ha sido una de las responsables de una bodega en la que se recaudaban víveres y agua para los manifestantes del Frente de Resistencia, que ha exigido en las calles la restitución de Zelaya.

El miércoles 9 de diciembre, los captores condujeron a Martínez, Ordóñez y Carballo, atados de pies y manos, a la salida del norte de la capital y a Baca, en Choluteca, 120 km al sur de Tegucigalpa. "Al dejarlos libres les advirtieron que tenían tres días para abandonar el barrio donde viven o el país", aseguró Pavón.

"Consideramos que este horrendo crimen se suma a otros más que han ocurrido, donde los cuerpos presentan señales de tortura brutal, como cortarles la lengua y las orejas", aseguró el Codeh en un comunicado. "Esta agresión, de baja intensidad, está orientada a la construcción del miedo colectivo", señaló.

"Si tiene pruebas que (Pavón) acuda al Ministerio Público", dijo escuetamente a la AFP el director nacional de DNIC, comisionado Francisco Murillo.