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Propuesta de punto final a juicios a militares genera revuelo en Perú

LIMA — La propuesta del ministro de Defensa, general en retiro Daniel Mora, de aplicar una "solución de punto final" a juicios contra militares acusados de violar derechos humanos, generó una controversia en Perú y fue calificada como "inaceptable e inadmisible" por organismos humanitarios.

"Creo que debemos llegar a una solución de punto final, de reconciliación del país, no podemos estar permanentemente en esto (investigación a militares). No puede haber juicios que se destapen después de 40 años", dijo Mora a la emisora de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL).

Mora también señaló que "las Fuerzas Armadas no apoyan los delitos de lesa humanidad cometidos durante la violencia política" y se mostró a favor de que "representantes de los defensores de derechos humanos visiten los cuarteles".

Precisó también que "hay que definir las responsabilidades individuales" en casos de violaciones de derechos humanos.

También señaló en esa entrevista que muchos militares "han quedado inválidos y no tienen nada; sin embargo, a una supuesta víctima del terrorismo le dan 200.000 dólares y a un soldado víctima no le dan nada".

Su declaración inflamó a organismos de derechos humanos en Perú y Estados Unidos que expresaron su rechazo a esa iniciativa al señalar que de esa manera se buscaría la impunidad de los uniformados involucrados en crímenes de lesa humanidad.

En Lima, la Asociación Pro derechos Humanos (Aprodeh) consideró "inaceptable e inadmisible" el planteamiento "porque constituye una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, en la búsqueda de impunidad para quienes serían responsables de graves violaciones a los derechos humanos".

La organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) emitió este viernes una declaración en que señala que la idea del titular de Defensa de poner punto final a los juicios contra los militares "es un llamado a la impunidad como política de Estado".

WOLA recordó al presidente Ollanta Humala que se comprometió a respetar la judicialización de casos graves de violaciones a los derechos humanos y le pidió "rechazar las declaraciones del ministro Mora".

En el partido de gobierno, el presidente del Congreso Daniel Abugattás, se mostró sorprendido por la afirmación de Mora. "¿Punto final? Eso me huele a Rafael Rey", dijo al aludir a un ex ministro de Defensa del anterior gobierno, acérrimo defensor de los militares enjuiciados.

El también legislador oficialista Javier Diez Canseco opinó que Mora "quiere hacer tabla rasa" del compromiso de Humala de que se haga justicia en casos de delitos de lesa humanidad.

Ante las críticas, el titular de Defensa dijo este viernes a la prensa que "jamás he hablado de ley de impunidad, jamás he hablado de una ley a la argentina, eso es una tremenda exageración, hablé de individualizar a los culpables de violaciones a los derechos humanos".

Subrayó además que hay muchos oficiales y suboficiales enjuiciados desde hace 10 o 15 años y que después salen inocentes, y pidió que ese tema sea analizado por la sociedad para que no se cometan abusos.

La ley de Punto Final, que fue aplicada en Argentina en 1986 y declarada inconstitucional en 2005, permitió detener procesos judiciales contra militares acusados de crímenes contra la humanidad durante la dictadura entre 1976 y 1983.

En Perú hay "por lo menos 1.000 uniformados que están bajo acusación fiscal o con procesos judiciales en primera instancia o en sala penal", según dijo a la AFP Víctor Robles, de la ONG Instituto Paz, Democracia y Desarrollo, una entidad que defiende a los militares acusados de violaciones a los DDHH.

Sin embargo, un informe de la Defensoría del Pueblo de 2006 señala que los procesados son 281 militares (266 pertenecen al ejército y 15 a la Marina de Guerra) y 68 policías.

Perú vivió una guerra interna que se inició en 1980 con acciones armadas de la organización maoísta Sendero Luminoso, a la que se sumó años después el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de orientación guevarista.

El conflicto dejó 70.000 muertos y desaparecidos en un lapso de 20 años, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación que realizó un estudio de lo que ocurrió en esa época.