San Salvador, 3 mar (EFE).- El Parlamento salvadoreño ratificó hoy la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en diciembre pasado, y aceptó parcialmente las observaciones del presidente Mauricio Funes.
El dictamen aprobado hoy, con 80 votos de los 84 diputados que conforman el Congreso, aceptó que sea hasta dentro de un año, después de su entrada en vigor, el plazo para que se pueda interponer la primera solicitud de información pública.
El gobernante, quien devolvió la normativa en enero pasado solicitando su entrada en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial, alegó que "la administración pública no estaría en capacidad de darle respuesta" a los usuarios.
El diputado del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Guillermo Ávila dijo que su bancada daría los votos porque considera necesario "que haya una ley de acceso a la información, aunque sus efectos se den hasta dentro de un año", y resaltó que este plazo "retrasa un derecho que viene siendo exigido".
Mientras que la diputada Margarita Velado, del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), celebró la decisión de la Asamblea porque es "un derecho humano fundamental", y argumentó que "se necesita pasar por un proceso educativo" para "erradicar la idea que la información pública es algo privado".
En cuanto a la crítica del mandatario al tiempo para elegir a los comisionados que integrarán el Instituto de Acceso a la Información, así como a los oficiales en las entidades gubernamentales, la Asamblea acordó extender de 90 a 180 días este período.
La ley, aprobada el pasado 2 de diciembre, busca facilitar la transparencia, así como el combate contra la corrupción, y establece que los entes públicos deben facilitar la información a través de procedimientos sencillos y expeditos para impulsar la rendición de cuentas y promover la participación y la fiscalización ciudadana.
Además, atribuye al presidente de la República la designación de los responsables del Instituto de Acceso a la Información, los cuales serán escogidos de entre candidatos propuestos por gremiales empresariales, profesionales, universidades, sindicatos y asociaciones de periodistas.
La Constitución salvadoreña establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de resolver "lo que crea conveniente" en el caso de que el presidente devuelva una ley con observaciones, y enviarla de vuelta al Ejecutivo, "quien deberá sancionarlo y mandarlo a publicar".
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