Washington, 30 nov (EFE).- Un comité del Congreso de EE.UU. analizó hoy el alcance del programa "Comunidades Seguras", que en lo que va de año ha logrado la expulsión de más de 111.400 indocumentados condenados por delitos, mientras activistas proinmigrantes exigen su reforma.
Durante una audiencia del subcomité de Inmigración de la Cámara de Representantes, el legislador republicano de Texas, Lamar Smith, afirmó que "Comunidades Seguras" es una herramienta "eficaz" porque permite la deportación de criminales.
Smith, que preside el Comité Judicial de la Cámara Baja, lamentó que aunque el programa será obligatorio en todo EE.UU. para 2013, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó cambios en junio pasado que "podrían permitir que millones de inmigrantes indocumentados y criminales eviten la deportación y quiten trabajos a los estadounidenses".
Lanzado en 2008, el programa "Comunidades Seguras" tiene el objetivo de identificar a inmigrantes en las cárceles del país que estén sujetos a la deportación.
Sin embargo, los defensores de los derechos de los inmigrantes aseguran que el programa se presta a la discriminación racial, mina las relaciones de la policía con la comunidad inmigrante, y ha atrapado incluso a ciudadanos estadounidenses.
Gary Mead, subdirector ejecutivo del programa de deportaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), indicó que a través de "Comunidades Seguras", las autoridades han deportado este año a más de 111.400 inmigrantes condenados por crímenes, incluyendo a más de 40.000 convictos por delitos graves como homicidio, violación, y el abuso sexual de menores.
En general, en lo que va del año fiscal 2011, ICE ha deportado a cerca de 397.000 personas, en lo que se considera el mayor número en la historia de esa agencia.
Según Mead, en el año fiscal 2011, más del 90 % de las deportaciones cayeron en cuatro categorías: inmigrantes criminales (55 %), personas con repetidas infracciones migratorias (20 %), deportaciones de arrestados en la frontera (12 %), y fugitivos de los tribunales de Inmigración (5 %).
Mead aseguró a los congresistas que el DHS está consciente de las preocupaciones generadas por "Comunidades Seguras" y que ICE revisa en la actualidad las recomendaciones presentadas por un grupo de trabajo en septiembre pasado.
Pero, durante la audiencia, Arturo Venegas, exjefe de policía de Sacramento (California) y exmiembro del Grupo de Trabajo sobre "Comunidades Seguras", explicó que abandonó el grupo por considerar que el programa tiene "profundas deficiencias".
Si "Comunidades Seguras" continúa sin cambios, "muchas personas con infracciones menores, como conducir sin licencia, serán sometidas a la deportación", advirtió Venegas.
Para America's Voice, la audiencia sirvió para que los republicanos continúen tachando a los inmigrantes de "criminales" y atacando las políticas de la Administración Obama, "sin ofrecer verdaderas soluciones a nuestro maltrecho sistema de inmigración".
"Comunidades Seguras" también afronta la oposición de grupos como "Rights Working Group", una coalición nacional de más de 320 organizaciones en contra de la discriminación racial, que recientemente envió una carta al subcomité pidiendo la eliminación de fondos para el programa policial.
Los activistas insisten en que el programa requiere urgentes reformas para que incluya salvaguardas para evitar la violación de los derechos humanos y civiles de la población.
Antonio Montejano, nacido en Los Ángeles (California) de padres mexicanos, figura entre los ciudadanos estadounidenses que, según activistas, con creciente frecuencia terminan atrapados en el programa.
Montejano, de 40 años y padre de tres hijos, pasó cinco días en la cárcel del condado de Los Ángeles tras su arresto el pasado 5 de noviembre por no pagar un perfume de diez dólares en Sears.
"No me creyeron cuando les dije que fue un error inocente y que estaba dispuesto a pagar por el perfume. Tampoco me creyeron cuando les dije que era ciudadano y me entregaron a las autoridades de Inmigración... me soltaron cuando mostré mi pasaporte y acta de nacimiento", dijo a Efe Montejano.
"Nunca imaginé que al salir de compras con mi familia terminaría en la cárcel y en peligro de ser deportado. Este programa no está funcionando bien y no quiero que otras familias sufran por su culpa", puntualizó.
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