Washington, 28 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de EEUU decidió hoy revisar el caso contra una ley de Arizona que castiga a empresas que a sabiendas emplean a inmigrantes indocumentados, interviniendo así en el debate nacional sobre la inmigración ilegal.
El caso ante el Supremo, "Cámara de Comercio v. Candelaria", intenta frenar la puesta en marcha de una ley estatal de Arizona, promulgada en 2007, que impone severas sanciones contra compañías que contratan a inmigrantes sin permiso legal para trabajar en Estados Unidos.
El "Acta de Trabajadores Legales de Arizona" (LAWA, en inglés), promulgada en 2007 después de que fracasara una reforma migratoria en el Congreso de EEUU, suspende o revoca las licencias de negocios que a sabiendas contratan mano de obra indocumentada.
También exige que las empresas participen el programa federal conocido como "E-Verify", en el que se verifica el estatus migratorio de cada nuevo empleado contra una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Seguro Social.
La demanda en el caso contra "LAWA" fue presentada por la Cámara de Comercio de EEUU y por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) en nombre de varios grupos cívicos, incluyendo organizaciones comunitarias como "Chicanos por la Causa" y "Somos América".
ACLU argumentó que la ley en cuestión viola una cláusula de la Constitución que reafirma la supremacía del Gobierno federal sobre cualquier ley estatal.
"Nos complace que el Tribunal Supremo haya decidido sopesar la constitucionalidad de la discriminatoria ley de Arizona que sanciona a los empleadores", dijo Lucas Guttentag, director del Proyecto para los Derechos de Inmigrantes de ACLU.
Agregó que es una clara señal de que otras ciudades y estados no deben aplicar leyes similares "que contravienen los estatutos federales y someten a los trabajadores a la discriminación por raza u origen nacional".
El mes pasado, el Departamento de Justicia presentó documentos en los que argumentó que el tribunal de apelaciones erró al reafirmar la ley y que, además, ésta choca con la autoridad del Gobierno federal en materia de inmigración.
Algunos grupos pro-inmigrantes, entre ellos el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), catalogaron la decisión del Supremo como "un buen comienzo".
"Creemos que ofrece una oportunidad para que el Tribunal Supremo deje en claro que sólo el Gobierno federal puede hacer cumplir las leyes de inmigración", dijo a Efe Clarissa Martínez, analista de asuntos migratorios de NCLR.
LAWA fue promulgada en 2007 por la entonces gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, que ahora es titular del Departamento de Seguridad Nacional.
En septiembre de 2008, el tribunal de apelaciones del noveno distrito, con sede en San Francisco (California) rechazó la apelación de quienes demandaron a Arizona por la ley LAWA porque el gobierno, a su juicio, se había extralimitado en su autoridad.
Ahora que el Tribunal Supremo ha aceptado estudiar el caso, comenzará a escuchar los argumentos en octubre próximo, cuando inicie su nuevo período de sesiones.
LAWA es distinta a la ley SB1070 contra la inmigración ilegal que promulgó la gobernadora republicana Jan Brewer el pasado 23 de abril pero están vinculadas: si la SB1070 entra en vigor a finales del mes próximo, enmendaría y reforzaría la ley LAWA contra las empresas que contraten a los indocumentados.
La máxima corte del país aceptó estudiar el caso en el último día de su sesión actual y en el último día para el juez John Paul Stevens, de 90 años, quien decidió jubilarse este año.
A unas cuantas cuadras del Tribunal Supremo, el Comité Judicial del Senado de EEUU inició hoy el proceso de confirmación de Elena Kagan para sustituir a Stevens en el cargo vitalicio.
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