"Galicia fue la comunidad que más sufrió la represión de Franco"

A Coruña

-Como doctor en Historia en Sevilla, ¿nota que Andalucía junto con Cataluña van muy por delante de otras comunidades autónomas en lo que a la recuperación de la memoria histórica se refiere?

-Efectivamente, aunque los procesos represivos en ambas regiones no guardan relación alguna. Cataluña sufrió una doble represión: primero de un signo en respuesta al golpe militar y luego de otro tras la victoria franquista. Es un proceso estudiado con detalle ya hace tiempo. En Andalucía occidental, sin embargo, al igual que en Galicia, los golpistas se impusieron en poco tiempo a base de una violencia inusitada y de un calculado plan de exterminio. La represión tuvo dos fases, una salvaje hasta los primeros meses de 1937 y otra con apariencia de legalidad a partir de esa fecha y hasta 1945. El problema de los desaparecidos y de las fosas está asociado a esa primera fase. El actual mapa de fosas se superpone a la España en que triunfa el golpe militar, desde Galicia a Cádiz y desde Baleares a Canarias.

-¿Cuál de las nacionalidades históricas fue más afectada por la represión franquista?

-Contra el tópico existente, que supone que la región más afectada fue la vasca, lo cierto es que, dado el rápido triunfo de los golpistas, fue Galicia la que más sufrió esa represión. En realidad el País Vasco fue una de las zonas que menos sufrieron la represión. Casi podríamos decir, y no exagero, que los franquistas fueron especialmente benignos con los vascos, sobre todo con los nacionalistas. No anda lejos de esto la Iglesia. Ocurre que el nacionalismo gallego nunca ha sido victimista como el vasco.

-¿Qué logros se han hecho hasta la fecha en Andalucía?

-En Andalucía ha sido la iniciativa de grupos y asociaciones la que ha movido a la Junta a implicarse en estas cuestiones. Dos son fundamentalmente los proyectos amparados con fondos públicos: el proyecto Todos (?) los Nombres, que cuenta ya con dos años de actividad, y el mapa de fosas de la zona, que se encuentra ya en fase muy avanzada. Aparte de esto, la Junta de Andalucía ha aprobado ayudas diversas para la colocación de lápidas y monolitos, y subvenciona, a través de los Ayuntamientos, la publicación de trabajos de investigación.

-¿Advierte ecos de los años 30 en la España actual?

-No. Los únicos ecos que advierto no son precisamente de los años 30 sino más bien de la larga etapa posterior. Me refiero a esta derecha que tenemos que, aunque acate las reglas democráticas, no acaba de romper con el franquismo, al que parece añorar. ¿Y qué decir de la Iglesia, con sus mártires y sus beatificaciones? Es posible que dentro de un par de siglos caigan en la cuenta de que además de víctimas fueron parte integral del plan represor y entonces pidan perdón.

-Desenterrar la memoria, a su juicio, ¿abre viejas heridas, como apunta el PP, o por el contrario ayuda a cicatrizarlas, como defiende el PSOE?

-El problema es que las heridas no estaban cerradas. Primero lo impidió la dictadura, luego la transición y finalmente 14 años de políticas de silencio y olvido cuyos promotores han reconocido después que fueron contraproducentes para la salud democrática del país. La cuestión no es PSOE/PP. El PP ya sabemos cómo piensa y en cuanto a los socialistas también sabemos que se metieron en estas cuestiones en la etapa de mayoría absoluta del PP, hicieron promesas en las elecciones que ganaron en el 2004 y finalmente se han alargado en exceso en cumplirlas. Resulta evidente que dentro del PSOE existen corrientes contrarias a las políticas de memoria. Conviene señalar que las bases que han dado vida a los movimientos pro memoria histórica desbordan las siglas. Es el ver a la gente moviéndose por su cuenta de manera activa en busca de algo lo que pone nerviosos a los políticos.

-¿Suficiente la ley de la memoria histórica o se queda por debajo de las expectativas que suscitó inicialmente?

-La ley se queda muy por debajo de lo que se espera. Sobre todo si pensamos en los cuatro puntos principales: el Estado debe asumir la localización y exhumación de fosas comunes, las condenas políticas franquistas deben ser anuladas, hay que poner fin al desastroso estado del patrimonio documental, salvando lo que queda, catalogándolo y creando por fin una ley de archivos y deben tomarse medidas para que la memoria democrática forme parte de la conciencia de los ciudadanos, desde el ámbito educativo hasta el institucional.